Una de las provisiones en la resolución del Comisionado Souto es urgirle al Congreso a que pase legislación permitiéndole a los jueces de bancarrotas más flexibilidad para modificar los términos hipotecarios, y además le urge al Congreso y a la Legislatura de la Florida a que pase legislación para ayudar a familias a prevenir que se le embargue su hogar. “El Condado de Miami-Dade no puede cruzarse de brazos en espera del Estado de la Florida - que acaba de concluir su sesión legislativa - ni tampoco podemos esperar al gobierno federal, ya que el proyecto de ley aprobado por el Senado de los Estados Unidos omitió la propuesta demócrata más ambiciosa, que era ayudar a los propietarios en precarias condiciones: esta provisión le permitía a los jueces de bancarrotas modificar términos hipotecarios”, dijo el Comisionado Souto. De acuerdo al comisionado, la versión de la cámara de representantes, si tenía la provisión de bancarrota. El Senador Christopher Dodd dijo la semana pasada: “Estamos encarando la crisis inmobiliaria peor desde los años de la Gran Depresión”.

“¿Que estamos haciendo como servidores públicos y lideres elegidos por el pueblo? Necesitamos ayudarlos en este momento de crisis. Los gobiernos federales, estatales, y locales han reaccionado muy lento a esta emergencia, la cual impacta a nuestra comunidad directamente y tan severamente como un huracán o cualquier catástrofe natural”, declaro el Comisionado Souto.

La resolución del Comisionado Souto también solicita al Alcalde que desarrolle un plan para dar solución a la gran cantidad de juicios hipotecarios y su impacto sobre las familias, haciendo énfasis en programas dirigidos a ayudar a las familias a permanecer en sus hogares al evitar la presentación de casos judiciales de juicio hipotecario y creando centros de asistencia que prestan ayuda en un solo sitio y le brindan a las familias que enfrentan juicio hipotecario acceso a todos los recursos de asistencia y asesoría federales, estatales y locales disponibles. Se presentará un informe que contiene los resultados y recomendaciones de este estudio a la Junta de Comisionados del Condado en un plazo de 45 días de la adopción de la resolución.

“Me duele que cada día que pasa, desalojan a otra familia de su hogar y se les echa a la calle para que se defiendan como puedan”, añadió el Comisionado Souto.